Reforma laboral rural en Colombia avances y retos para la seguridad alimentaria.

Resumen

El trabajo rural en Colombia ha estado históricamente marcado por la informalidad y la falta de reconocimiento del campesino como sujeto de derechos laborales, sociales, culturales y territoriales, pese a su rol esencial en la seguridad alimentaria y la economía del país, más del 80% de la fuerza laboral rural trabaja de forma informal sin protección o estabilidad contractual. Este articulo analiza la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley PL166-2023C, mediante un enfoque documental y analítico, con base en normatividad, jurisprudencia y literatura académica. Los hallazgos evidencian un cambio de paradigma de una visión exclusivamente agraria y productivista hacia otra centrada en la dignidad y el bienestar de quien trabaja la tierra. se identificaron tres ejes principales: la formalización laboral, la dignificación del trabajo rural y la regulación de modalidades especiales de contratación. La reforma implica un avance hacia la humanización del trabajo campesino, aunque presenta retos significativos en su implementación y la seguridad alimentaria. En el primer eje, correspondiente a la formalización del empleo rural, se propone un programa de formación y certificación de saberes (MinTrabajo-SENA), con especialmente en municipio PDET, y se reconoce legalmente el trabajo familiar, comunitario, solidario y campesino, otorgándole acceso al sistema de seguridad social. En el segundo eje, orientado a la dignificación del trabajo campesino, Se regulan las jornadas, los descansos, las horas extras y una remuneración justa, poniéndolos en igualdad de condiciones con régimen urbano; además, se incluyeron criterios de estabilidad, protección social y evaluación objetiva del riesgo laboral. Finalmente, en el tercer eje, se evidencia que el régimen laboral anterior no respondía a la estacionalidad del trabajo agrícola, por lo que la reforma adopta contratos ajustados a la realidad del campo (como los de cosecha, temporada, o trabajo comunitario) que, pese a su flexibilidad, garantizan seguridad social y el pago mínimo legal. Asimismo, se impulsa la creación de asociaciones y micro negocios rurales, permitiendo aportes flexibles a la seguridad social.