(untitled) (Revista Escenarios Sociojurídicos, 2022)
El principio de imparcialidad como pauta reguladora del derecho, debe ser entendido como la garantía que poseen los ciudadanos para materializar su derecho de acceso a la administración de justicia, bajo los parámetros de un sistema jurídico - procesal que brinde herramientas que permitan al juzgador emitir decisiones objetivas, de manera que, logre apartarse de cualquier interés o predisposición que pueda llegar a incidir en la providencia dictada al interior de un proceso judicial determinado. La jurisdicción constitucional no es la excepción, pues es a través del Decreto 2591 de 1991 que además de reglamentar un mecanismo que representa una garantía en pro de la defensa de los derechos fundamentales, como lo es, la acción de tutela, también se establecen lineamientos que regulan los impedimentos en los casos donde se interponga la mencionada solicitud de amparo, los cuales permiten al operador jurídico apartarse de un proceso cuando este crea que su neutralidad pueda verse afectada por cargas subjetivas y, que eventualmente logren incidir en su providencia; sin embargo, a diferencia de las demás jurisdicciones, en la norma mencionada no se hace referencia a la figura de recusación, la cual permite al ciudadano que va en busca de acceder a una administración de justicia entre otras cosas imparcial, hacer conocer dentro del litigio, que la eventual decisión del juez pueda verse viciada en razón de diversos factores que incidan en su imparcialidad, y por consiguiente, deba apartarse del proceso del cual este supuesto a tener conocimiento