EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD EN MATERIA DE IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES EN LA ACTIVIDAD JUDICIAL CONSTITUCIONAL (DECRETO 2591 DE 1991).

Resumen

El principio de imparcialidad como pauta reguladora del derecho, debe ser
entendido como la garantía que poseen los ciudadanos para materializar su derecho
de acceso a la administración de justicia, bajo los parámetros de un sistema jurídico -
procesal que brinde herramientas que permitan al juzgador emitir decisiones
objetivas, de manera que, logre apartarse de cualquier interés o predisposición que
pueda llegar a incidir en la providencia dictada al interior de un proceso judicial
determinado.
La jurisdicción constitucional no es la excepción, pues es a través del Decreto
2591 de 1991 que además de reglamentar un mecanismo que representa una garantía
en pro de la defensa de los derechos fundamentales, como lo es, la acción de tutela,
también se establecen lineamientos que regulan los impedimentos en los casos donde
se interponga la mencionada solicitud de amparo, los cuales permiten al operador
jurídico apartarse de un proceso cuando este crea que su neutralidad pueda verse
afectada por cargas subjetivas y, que eventualmente logren incidir en su providencia;
sin embargo, a diferencia de las demás jurisdicciones, en la norma mencionada no se
hace referencia a la figura de recusación, la cual permite al ciudadano que va en busca
de acceder a una administración de justicia entre otras cosas imparcial, hacer conocer
dentro del litigio, que la eventual decisión del juez pueda verse viciada en razón de
diversos factores que incidan en su imparcialidad, y por consiguiente, deba apartarse
del proceso del cual este supuesto a tener conocimiento